En La Araucanía fue lanzado el nuevo Programa 24 Horas, que implicará un aumento de plazas en diversos proyectos territoriales y especializados.

Con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, el Servicio Nacional de Menores (Sename) lanzó en la Región de La Araucanía el nuevo Programa de Seguridad Integrada 24 Horas, que tiene por objetivo optimizar la superación de vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes y contribuir a la interrupción de conductas transgresoras.

A la ceremonia de lanzamiento asistieron también diversas autoridades involucradas en los objetivos propuestos por este programa, entre los cuales figuró el seremi de Salud, el director de la Corporación de Asistencia Judicial, el Defensor Regional Penal Público; la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, entre otros.

El secretario de Justicia, en su alocución respecto del fenómeno de las vulneraciones a los derechos de niños y adolescentes, señaló: “Este es un programa particularmente implementado por Sename, que ya lleva unos 6 ó 7 años y toda la información disponible nos indica que es bueno y que funciona. Entonces, si ya tenemos un programa probado en su eficiencia y eficacia, la decisión del Gobierno, particularmente del Ministerio de Justicia, es el de tratar de extenderlo y aplicarlo a la mayoría de las comunas de Chile”.

Operatoria

Para la materialización de este programa, el Sename contempla el fortalecimiento de una serie de proyectos multiespecializados y/o la instalación de otros en los territorios. Ello implica el aumento de plazas de atención a Oficinas de Protección de Derechos (OPD), Programas de Prevención Focalizada y de Intervención Integral Especializada, de  tratamiento ambulatorio de Consumo Problemático de Alcohol y Drogas y de Programas Especializados de Reinserción Educativa.

El Programa 24 Horas tiene su expresión práctica cuando un niño, niña o adolescente ingresa a una modalidad de intervención, realizándose en los primeros meses un diagnóstico de su situación para identificar las vulneraciones a sus derechos o las conductas transgresoras que han motivado su ingreso. Este diagnóstico deriva en un plan de intervención, cuyo seguimiento implica evaluaciones trimestrales en función del logro de los objetivos planteados y avances del niño/a o adolescente. El egreso se realiza una vez que el joven ha cumplido todas las etapas de intervención.