Niños y niñas entre 0 y 6 años ingresados a la red de protección y que viven transitoriamente en residencias colaboradoras, contarán con abogados de dedicación exclusiva, gracias al convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), que en la región beneficia a 300 casos de primera infancia.

Los supervisores técnicos y abogados de la Unidad de Protección de Derechos, profesionales de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, y de la CAJ Valparaíso, han sostenido reuniones para implementar a la brevedad la representación ante los tribunales de aquellos niños que no cuentan con ello.

Doce duplas integradas por un abogado y un asistente social cubrirán las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quintero, Casablanca, San Antonio, Quilpué, Villa Alemana, Limache y Quillota, en la fase inicial del convenio.

Rachid Alay, director regional (s) del Sename Valparaíso, expresó su alegría por la puesta en marcha del convenio y celebró “que otros organismos que forman parte del intersector como la CAJ, se estén especializando en materia de niñez y se sumen a la labor de Sename, permitiendo que los tribunales los designen para representar los intereses de los niños que no cuentan con abogado”, afirmó Alay.

Explicó que las reuniones que se realizan en la actualidad, buscan hacer el cruce y actualización de información de las niñas y niños que ya cuentan con curador ad litem y aquellos que no, para solicitar su representación ante el tribunal.

Para el director de la Corporación Judicial de Valparaíso, Roberto Chacón, “es muy importante (la representatividad jurídica) porque cuando se les nombra un abogado, tendrá que representar los intereses de ese niño, un niño que está en una situación crítica porque ha sido sacado de su familia por alguna razón generalmente bastante dramática y ha sido puesto en una institución”.

El convenio marca un precedente para los niños, ya que anteriormente el Sename por designación de los tribunales era quien actuaba como curador ad litem, representando a un niño o niña cuando no contaba con representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estimaba que sus intereses son independientes o contradictorios con éste.