La colaboración entre el servicio, la Corte de Apelaciones de Rancagua y la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, viene a dar continuidad al protocolo de trabajo nacional que firmó la Corte Suprema en el año 2014.

Con el objetivo de formalizar la mesa interinstitucional de trabajo en materia de Familia, la Corte de Apelaciones de Rancagua firmó un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Ministerio de Justicia, hito que fue encabezado por la directora nacional, Solange Huerta. La mesa fue creada por el tribunal de alzada en conjunto con el Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección (COCCMP) de la jurisdicción.

En el acto participó el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Marcelo Vásquez; la seremi de Justicia y Derechos Humanos de O’Higgins, Yosselin Moyano y la directora regional de Sename, Jessika Espina, quienes firmaron el acuerdo con la presencia además de la coordinadora nacional del COCCMP, Fabiola González, y la coordinadora regional de este centro, Marina Guzmán.

Solange Huerta destacó la iniciativa, explicando que “a través de la coordinación interinstitucional con el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Sename, podemos dar una mejor respuesta y buscar mejores soluciones desde el territorio, desde la realidad de cada región. Además, se generará una mesa permanente de infancia en cada una de las regiones del país”, aseguró.

Por su parte, el ministro Vásquez indicó que “el Centro de Medidas de Protección tiene por objetivo el seguimiento del control de las medidas que se aplican a menores de edad por parte de los tribunales de familia, por eso es indispensable establecer este tipo de acuerdos interinstitucionales”.

La coordinadora nacional de los COCCMP, Fabiola González, dijo que “esta firma de convenio es el broche de oro al trabajo que venimos desarrollando los últimos seis meses en esta jurisdicción, ya que de común acuerdo entre el Sename y los ministros de la Corte de Apelaciones podemos crear instancias que permitan superar obstáculos en torno a la comunicación y crear instancias de mejora”.

El convenio viene a dar continuidad al protocolo de trabajo nacional que firmó la Corte Suprema en el año 2014, replicando su objetivo a nivel regional, donde además se sumarán otros actores que tienen relación con la infancia vulnerada, como servicios de Salud y Educación, entre otros.