Hernán Larraín conoció el funcionamiento del recinto y el estado de avance de los mejoramientos en su infraestructura, que llegan al 98%.

Con el objetivo de conocer en terreno su funcionamiento y el avance de las obras de mejoramiento, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, llegó al centro de protección femenino Capullo, ubicado en Chiguayante.

El secretario de Estado fue recibido por la directora del establecimiento, Ana Oyarce, junto a las niñas y funcionarios presentes, para luego recorrer sus instalaciones y estar al tanto sobre las estrategias de intervención en la protección y restitución de los derechos de niñas y jóvenes que aquí residen. Asimismo, conoció el estado de avance de cuatro proyectos de inversión sectorial que buscan entregar una mejor calidad de atención e infraestructura en este centro administrado por el Sename.

“Conversar con las niñas y sus educadoras nos permite aprender una realidad, y así comprobar que lo que estamos haciendo a nivel de política y leyes sea de verdadera utilidad. Estamos comprometidos a corregir los problemas que se han detectado, a superarlos y a dar un buen futuro a los niños que han sido vulnerados”, afirmó el ministro de Justicia, agregando que una de las primeras medidas a llevar a cabo será “el planteamiento de incorporar capacitaciones a las niñas de este centro”.

Patricio Muñoz, director regional (s) del Sename Biobío, destacó que se invirtieron 338 millones de pesos en este Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), con el objetivo de entregar una mejor calidad de habitabilidad a las niñas, jóvenes y funcionarios. “El proyecto contempla el mejoramiento de patios y espacios, tanto al aire libre como comunes y privados de cada casa. Considera, además, nuevos pavimentos, cambio de niveles, rampas, conformación de jardines, barandas y pasamanos, reemplazo de piscina, especies vegetales, toldos UV, nuevo mobiliario y juegos infantiles, entre otras mejoras”, preciso Muñoz.

El Cread Capullo, que la semana pasada cumplió 26 años de funcionamiento, recibe a niñas y adolescentes de toda la región derivas por tribunales de familia y que han sido vulneradas gravemente en sus derechos, necesitando de intervención especializada que apunte a su protección y a la reparación del daño sufrido.