Ministro de Justicia y Derechos Humanos junto a directora del Sename hacen llamado a aprobar los recursos para residencias colaboradoras
El proyecto de ley fue rechazado en la Comisión de Familia, ante lo cual el ministro Hernán Larraín señaló que es “un deber moral que tenemos todos los chilenos” aprobar los recursos para la niñez vulnerada, y que “no puede haber motivos políticos ni ideológicos” que lo impidan.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto a la directora nacional del Sename, Susana Tonda, visitaron la residencia de protección de la Corporación Cardenal José María Caro, ubicada en la comuna de La Pintana, la cual alberga a 40 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La actividad se realizó luego de que la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados rechazara entregar más recursos a las residencias de los organismos colaboradores del Sename, en el marco del proyecto de ley que busca aumentar en un 25% la subvención estatal a estas residencias.
“Es inexplicable su actuar contra los niños, porque el proyecto del Gobierno no solo entrega mayores recursos, sino que garantiza la fiscalización y su buen uso. Por eso, queremos invitar a esos diputados y diputadas a que rectifiquen y corrijan su decisión, que nos ayuden a dar los recursos a todos los que están trabajando por la niñez vulnerable. Necesitamos unidad para ese propósito”, señaló el ministro Hernán Larraín.
El proyecto se encuentra con discusión inmediata, y será visto el martes 20 por la Comisión de Hacienda, para luego pasar a la Sala de la Cámara, y culminar con su primer trámite constitucional.
En la visita de hoy, donde también asistió la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, y el capellán Francisco Pereira, de la Fundación María Ayuda, las autoridades recorrieron la residencia, verificando sus excelentes condiciones de trabajo, y realizaron un llamado a los parlamentarios a aprobar el aumento de recursos.
“Hacemos este llamado ahora, con urgencia, para que nadie se reste de apoyar a la niñez vulnerada, puesto que es un deber moral que tenemos todos los chilenos”, afirmó el ministro, quien agregó que “no puede haber motivos políticos ni ideológicos que impidan ayudar a esa niñez, y a quienes están dedicados, sin fines de lucro, a ayudarles”.
Actualmente, en el sistema residencial viven cerca de 6.400 niños, niñas y adolescentes, de los cuales más del 85% (5.620) son atendidos por organismos colaboradores. El aporte promedio del Estado para estas residencias es de menos de $13.000 diarios por cada niño, y no alcanza a cubrir ni el 50% de los costos reales del cuidado de cada uno.
Por ello, la directora del Sename, Susana Tonda, indicó que “el principal riesgo es que estos centros cierren, pero si logran mantenerse, no podemos mejorar los modelos de intervención y la forma cómo se atienden esos niños. Queremos trabajar más con familias, tener profesionales especializados en salud mental, queremos tener muchas cosas, pero eso hoy día no se puede hacer, porque no hay recursos”. Ante esto, invitó a la ciudadanía y a los parlamentarios “a que nos apoyen en esta causa, porque los niños vulnerados los necesitan hoy”.