Se trata de un acuerdo que coordina acciones entre los organismos para identificar la red familiar de niños y adolescentes en sistemas residenciales o cuidados alternativos, favoreciendo la desinternación oportuna y restituyendo su derecho a vivir en familia.

Un protocolo para resguardar el interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA) suscribió la Corte de Apelaciones de La Serena, junto a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Sename y el Registro Civil e Identificación de la Región de Coquimbo.

En ese sentido, según explicó el ministro encargado de asuntos de Familia de la Corte de Apelaciones, Juan Carlos Espinosa, existirán plazos acotados para que cada institución dé respuesta a los requerimientos del tribunal en el que se encuentra radicada la causa que dio pie al ingreso del NNA al sistema de residencias. “Nuestro objetivo es que los niños puedan volver a tener una vida familiar; para ello, el protocolo permitirá agilizar los procedimientos, de modo que los informes que se requieren para que el tribunal tome la decisión se realicen en el menor tiempo posible”, manifestó Espinosa.

Por su parte, la directora regional del Sename, Verónica Zárate, destacó que el protocolo, único a nivel nacional, es fruto del trabajo de los acuerdos logrados en la mesa Interinstitucional que encabeza la Corte, organizada por el Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección. “Es un producto que surge de esta mesa que convoca el Poder Judicial, y en este proceso se han ido visibilizando nudos críticos y dificultades del sistema. Hoy podemos decir que contamos con un protocolo que va a permitir que ese niño o niña prontamente pueda restituir su derecho a vivir en familia”, indicó la directora.

El protocolo, que comenzará a operar desde el 1 de septiembre, establece que en el momento que el juzgado de Familia decrete el ingreso del NNA al sistema residencial, se oficie al Registro Civil para que entregue, en un plazo máximo de 15 días, un informe de redes familiares. Con esa información, las residencias deberán realizar gestiones de contacto con la familia extensa, que viva fuera o dentro de la provincia, y evacuar al tribunal el diagnóstico en un máximo de 30 días, de tal manera que el juzgado pueda determinar si existe familiar competente y decretar la desinternación del niño, niña o adolescente.