Ministerio de Justicia, Sename Maule y SML firmaron protocolo que favorecerá a niños y adolescentes en residencias de protección
El acuerdo garantizará el desplazamiento de la unidad de sexología forense móvil a los propios hogares para la realización de pericias sexológicas.
Con la finalidad de acercar la toma de exámenes forenses en el ámbito de la esfera sexual a niños y niñas que se encuentran en residencias de protección de derechos, el Servicio Nacional de Menores (Sename) de la Región del Maule y el Servicio Médico Legal (SML), junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, suscribieron un protocolo de trabajo que garantiza el desplazamiento de la unidad de sexología forense móvil a los propios hogares para la realización de las pericias.
El acuerdo beneficiara directamente a 27 residencias de protección de la región, permitiendo que los niños y niñas no deban salir de su comuna de origen para la realización del examen sexológico, resguardando para ello una atención especializada con un equipo interdisciplinario, capacitado para contener y acoger las necesidades que se presenten.
“La necesidad de hacer pericias a niños, niñas y adolescentes que fueron vulnerados en la esfera sexual es fundamental para determinar realmente lo que les ocurrió. En ese sentido, no siempre es posible que puedan trasladarse al lugar donde se hace el examen. Por ello, esta coordinación de esfuerzos entre el Sename y el Servicio Médico Legal permite aprovechar recursos disponibles, facilitando el servicio”, explicó el titular de justicia.
Por su parte, Iskra Cox, directora del SML Maule, indicó que “este protocolo es fundamental, ya que por medio de la unidad de sexología forense móvil acercaremos los exámenes y pericias a los niños, niñas y adolescentes de la red Sename en toda la región”.
Por último, Pablo Bravo, director regional del Sename, señaló que “concretar este acuerdo con el Servicio Médico Legal es de suma importancia, ya que nos da la posibilidad de atender de manera oportuna y prioritaria a niños y jóvenes que fueron víctimas de delitos sexuales, sin necesidad que salgan de sus residencias; esto permite favorecer un contexto de contención y de confianza previo a la pericia, contribuyendo a la reparación de sus derechos vulnerados”.