En los centros de justicia juvenil y residencias de protección fueron atendidos más de 10 mil niños, niñas y adolescentes durante el año pasado. De ellos, 413 tuvieron contagio confirmado por covid-19. Las medidas de prevención y ante sospechas de contagio se siguen aplicando en todos los recintos del país.

Durante el año 2020 nuestro país, al igual que todo el mundo, se enfrentó a la pandemia de covid-19 que obligó a tomar medidas estrictas de prevención. Entre los lugares más expuestos a los contagios, por la cantidad de personas que conviven, están los centros de la red Sename, que incluyen residencias de protección y centros de justicia juvenil.

En marzo, el Gobierno anunció que todos los recintos de la red Sename, a nivel nacional, entraban en aislamiento. De inmediato se comenzaron a aplicar los protocolos de acción que se elaboraron en conjunto con las autoridades sanitarias, que incluyen medidas preventivas y de manejo en caso de que exista una sospecha de contagio o un contagio confirmado, ya sea de un niño, niña, adolescente, o de un trabajador.

Algunas de esas acciones preventivas que se realizaron fueron la campaña de vacunación contra la influenza, controles sanitarios a funcionarios y la desinfección o sanitización de los recintos. También se coordinaron con las autoridades de Salud las pesquisas activas de casos asintomáticos a través de la toma de exámenes permanentes en los centros.

Terminado el año, el balance es que del total de niños, niñas y adolescentes atendidos el 2020 en centros de todo el país (administrados por Sename y por organismos colaboradores), y que superaron los 10 mil, 413 tuvieron contagio confirmado de covid-19, lo que equivale al 4% del total de atendidos en esos recintos.

Si se consideran las residencias de protección de la red Sename en el país, que incluyen las administradas por el propio servicio y por organismos colaboradores, durante el 2020 atendieron a más de 7 mil niños, niñas y adolescentes. De ellos, hubo 361 contagiados por covid-19 en el año, cifra que representa el 4,9% del total de atendidos.

Con respecto a los centros de justicia juvenil, el año pasado hubo casi 3 mil adolescentes en centros privativos de libertad o en centros semicerrados. De ese total, hubo 52 jóvenes con covid-19 durante 2020, lo que corresponde al 1,8% del total de jóvenes.

En el mes de junio lamentablemente falleció un niño de 13 años, quien tenía múltiples patologías de base y que fue confirmado con covid-19. El niño permanecía en una residencia para discapacidad severa, fue trasladado a un establecimiento hospitalario, pero falleció a raíz de varias complicaciones de salud.

Uno de los principales desafíos del año fue mantener la continuidad operacional y la dotación de trabajadores, especialmente en las residencias y centros privativos de libertad que deben funcionar permanentemente, los 365 días del año. Por ello, la directora nacional del Sename, Rosario Martínez, agradeció a todos los trabajadores, ya que “durante este complejo periodo el trabajo ha continuado, tanto el administrativo como la atención directa de los niños y  jóvenes, gracias al gran esfuerzo y el tremendo compromiso de los funcionarios del servicio y de los trabajadores de organismos colaboradores”.

La directora también manifestó su gratitud “a los distintos organismos públicos y empresas privadas que durante el año apoyaron con donaciones de insumos de protección y prevención, con tecnología, y con proyectos para apoyar a los niños en sus rutinas diarias, lo que es especialmente necesario durante los periodos de cuarentena”.

Situación actual

Durante la primera semana de enero había 2 niños confirmados con covid-19 en las residencias de protección del país y ningún joven con contagio confirmado en los centros de justicia juvenil.

En todos los recintos de la red Sename se siguien aplicando los protocolos para resguardar la salud de los niños, niñas y adolescentes, y la de los propios trabajadores.

En caso de que exista una sospecha de contagio o un contagio confirmado, se aplican los protocolos, que incluyen el aislamiento de los niños o adolescentes y la entrega de implementos especiales de protección a los funcionarios que los atienden, entre otras medidas.