En el marco de la Ley 21.057, la fiscalía dio a conocer los alcances legales y el protocolo de actuación ante casos que involucren a niñas, niños o adolescentes como víctimas o testigos de delitos violentos. Más de 100 profesionales, pertenecientes a programas ambulatorios y residenciales de la red Sename Atacama, fueron capacitados en la Ley 21.057 de Entrevista Investigativa Videograbada, que entrará en vigencia el día 3 de junio de 2021 en la región.

La jornada, desarrollada de forma online, contó con las exposiciones de la coordinadora de la fiscalía nacional para la implementación de la ley, Ericka Maira; de la abogada de la División Nacional de Víctimas y Testigos, Catalina Duque; y de la encargada de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y de trata y tráfico de personas, Karen Guzmán, en la que explicaron los diversos alcances legales de esta nueva normativa. La ley busca cambiar procedimientos de una investigación penal que apunten a un mejor abordaje, con enfoque de derechos de niñez y adolescencia que, además, deben estar en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en el año 1990.

En ese contexto, y para poder cumplir con la ley, la Fiscalía de Atacama invirtió cerca de 38 millones de pesos para implementar salas adecuadas para estas entrevistas videograbadas en Copiapó, Vallenar y Chañaral, que cumplen con los requisitos estipulados para resguardar la privacidad y seguridad de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Cabe destacar que éstas serán realizadas por entrevistadores capacitados y acreditados.
Conceptos tan importantes como el interés superior del niño o la niña, el derecho a ser oídos, acceder a información adecuada, participación voluntaria, autonomía progresiva, asistencia oportuna y preferente, y resguardo a la dignidad, pasan a ser prioritarios en las investigaciones de delitos graves. Asimismo, la normativa pretende evitar la revictimización de NNA víctimas o testigos.
Marcelo Miranda, jefe de la Unidad de Atención a Víctimas (Uravit) de la Fiscalía de Atacama, mencionó que la capacitación reunió a más de 150 personas ligadas al Sename y a Educación. “Como Fiscalía de Atacama se está trabajando hace más de un año en la implementación de la ley, por lo que estamos comprometidos en generar capacitaciones detalladas a todos los organismos y servicios públicos relacionados con su puesta en marcha”, aseguró.
Por su parte la coordinadora nacional de la Fiscalía de Chile para la implementación de la Ley, Erika Maira, indicó que “la capacitación a la red Sename y servicios de Educación Pública, busca que quienes integran estos organismos tengan claridad respecto de sus obligaciones ante la develación de un delito grave por parte de una niña, niño o adolescente, cuyas acciones están claramente estipuladas en la Ley 21.057. Esto porque resulta común que los NNA que sufren delitos alerten de esos hechos a educadores o cuidadores, por lo que es fundamental que sepan cómo reaccionar cuando la ley comience a regir en la región; las personas de estos organismos deben siempre acoger y proteger a los NNA y en ningún momento interrogarlos respecto del hecho del cual fueron víctimas, para evitar así la victimización secundaria”, explicó la coordinadora.
En tanto, la directora del Sename Atacama, Carolina Cortés, agradeció la instancia gestionada por la Fiscalía, que permitió conocer detalles la nueva normativa: “Si bien la ley está en marcha blanca en la actualidad, nuestro equipo, compuesto por programas colaboradores, tiene que estar preparado para este giro que prioriza los derechos de NNA ante cualquier proceso constitutivo de delito en los que se puedan ver involucrados. Lo principal es que se sientan lo más cómodos, seguros y resguardados posible”, concluyó la autoridad.
Durante la jornada, programas de distintas líneas de intervención psicosocial, reparación, promoción de derechos, diagnóstico, escolarización, intermediación laboral, entre otros vinculados también al área de justicia juvenil, tuvieron la oportunidad de resolver sus dudas frente al cambio de protocolos y abordaje ante un delito que vulnere a niños, niñas o adolescentes atendidos por la red Sename.