La instancia fue desarrollada por el equipo conformado por la Defensoría de la Niñez, el Programa Mi Abogado, Oficinas de Protección de Derechos y diversas instituciones. Dentro de las actividades planificadas para el año 2021, la Mesa Regional contra el Maltrato definió organizar una capacitación especial para funcionarios de Carabineros de Chile, esto a petición de la propia institución, quienes evaluaron como muy positivo un espacio donde el personal pudiera conocer acerca de temáticas de niñez y adolescencia, para así contar con más herramientas en el abordaje de vulneraciones de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

El Departamento de Operaciones de la IV Zona de la Región de Coquimbo señaló en relación a la iniciativa que “esta es una invaluable entrega de herramientas a la función que en este ámbito nuestros funcionarios deben realizar, debido a que los contenidos abarcaron desde marcos legales a aspectos psicológicos a tener en cuenta a la hora de tener una participación directa en dichos procedimientos”.

Por su parte, Pilar Medina, coordinadora de la Defensoría de la Niñez de la Macrozona Norte, comento que “la iniciativa es para nosotros una clara muestra de buenas prácticas a nivel institucional en pos de la infancia y la adolescencia, lo que da cuenta de un trabajo conjunto que nos permite cumplir con la obligación que como Estado tenemos de difundir y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en un grupo de tanta relevancia como es Carabineros de Chile”.

Asimismo, Juan Pablo Segovia, coordinador del Programa Mi Abogado, sostuvo que “como programa nos es muy grato y satisfactorio poder tomar parte en estos espacios de formación, de nuestra parte seguiremos poniendo todo el compromiso para seguir en este camino ya iniciado, en orden a constituirnos también como una red robusta y coordinada”.

Finalmente, la directora regional del Sename Coquimbo, Verónica Zárate, valoró el espacio y en especial “el trabajo permanente desarrollado por la Mesa Regional desde 2018, donde cada año generan un plan de acción conjunta entre distintas instituciones públicas y la sociedad civil, hecho que permite ir avanzando en la promoción de acciones que permitan prevenir situaciones de vulneraciones de derechos o actuar de manera oportuna”.