Por Rodrigo Assadi Cubillos, director regional (s) del Sename Maule.
Desde hace varios años, nuestro país ha llegado a un supuesto consenso respecto de la deuda del Estado en materia de protección y reparación del daño sufrido por niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos.

Desde antes del estallido social ya se había instalado con fuerza el eslogan “No+ Sename”. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el “No+ Sename” significa que la niñez vulnerada toca a nuestra puerta y nos pide asumir la responsabilidad que todos tenemos con los niños y niñas?.

Una de las observaciones y críticas que se ha hecho al trabajo realizado por el Estado son las condiciones de habitabilidad, infraestructura y cantidad en que conviven niñas, niños y adolescentes vulnerados en los llamados Cread, un modelo de protección que no se condice con la nueva realidad de protección y defensa de los derechos de niñas y niños, y que -por lo mismo- deben ser reemplazados.

En nuestra región no estamos ajenos a esta realidad. Son conocidas por la opinión pública las reiteradas denuncias y reclamos respecto de las condiciones de funcionamiento del Cread Entre Silos, ubicado en la ciudad de Talca, en donde se encuentran bajo protección del Estado alrededor de 60 niñas, niños y adolescentes.

Actualmente este Cread se encuentra en proceso de cierre para ser reemplazado por tres residencias familiares, un nuevo modelo que responde a las indicaciones y criterios internacionales planteados por la Unicef, entre otros organismos, y que apunta a personalizar la atención, disminuyendo el número de niñas y niños por residencia a no más de 15. También se busca instalar estos recintos en barrios donde se sientan parte y la comunidad los acoja, involucrándose también en su acompañamiento y protección, como lo haríamos todos con los hijos e hijas de cualquier vecino en nuestros barrios.

Se trata de una nueva forma de entender y aplicar la protección del Estado a niñas, niños y adolescentes que han sufrido graves vulneraciones de derecho y que requieren el compromiso de todos, no solo de la institucionalidad pública, del mundo político y académico. También de las familias, los barrios, la organización social.

Ya tenemos el compromiso de vecinos y dirigentes en algunos de los barrios donde se instalarán estas nuevas residencias familiares, pero necesitamos el apoyo de todos. Los invitamos a comprometernos con la solución, particularmente cuando ésta llama a nuestra puerta y se trata de niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados.