Si bien este 8M se conmemoran los derechos de todas las mujeres, la gran mayoría se olvida de este sector que, aunque minoritario, busca abrirse paso para reinsertarse en la sociedad en centros privativos de libertad y programas del medio libre, bajo el alero del Servicio Nacional de Menores.

Cuando se habla de los derechos de la mujer, sobre todo en el contexto del 8 de marzo, pocos –o casi nadie- se acuerda de aquellas jóvenes que se encuentran privadas de libertad. Aunque son menos en relación a los hombres, también cumplen sus sanciones y condenas en el Centro de Régimen Cerrado (CRC) del Sename en La Serena, en el Centro Semicerrado (CSC) del mismo servicio o en los programas del medio libre que forman parte del circuito de justicia penal adolescente.

Según datos entregados por el Sename Coquimbo, actualmente hay 237 adolescentes que han infringido la ley en toda la región, en centros de administración directa y programas colaboradores del área de justica juvenil. De este total, sólo 21 jóvenes de sexo femenino están vigentes en el sistema, representando menos del 9% del total.

En relación a las edades, hay cinco menores de edad y 16 mayores. Esto quiere decir que estas últimas fueron condenadas cuando aún no cumplían los 18 años, bajo la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, por lo que se mantienen en el sistema mientras dure su condena y/o sanción.

Otro dato importante que aporta el Servicio Nacional de Menores de la Región de Coquimbo tiene relación con las adolescentes que efectivamente se encuentran privadas de libertad. Según los antecedentes entregados por la Unidad de Justicia Juvenil, de las 21 jóvenes sólo tres se encuentran en alguna modalidad de internación provisoria, régimen cerrado o semicerrado. Cabe señalar que las mujeres se encuentran en una sección diferenciada de los hombres.

Para la directora (s) del Sename Coquimbo, Patricia Alfaro, “esta es una realidad que estamos obligados a visibilizar, entendiendo que se trata de adolescentes y jóvenes que en la mayoría de los casos provienen de familias en situación de vulnerabilidad, donde no han podido brindarles la protección y el afecto necesarios para desarrollarse plenamente; o en su defecto, la situación vulneradora la han vivido dentro del mismo núcleo familiar, lo cual es más común de lo que se piensa”, señaló la autoridad.

Tras cada joven que ha infringido la ley hay una historia detrás: consumo problemático de drogas, abuso o explotación sexual, violencia de género (física o psicológica), situación de calle o alta frustración y rabia contra un sistema económico y social que las ha excluido, entre otras. Su respuesta a esta sociedad expulsiva se manifiesta en actitudes y conductas marcadas por la desconfianza, el bajo apego a las normas sociales y la violencia hacia los otros. Por ello, subrayó Patricia Alfaro que “se hace necesario contar con personas experimentadas para su intervención, para que puedan contenerlas y, al mismo tiempo, apoyarlas en el necesario reconocimiento y respeto de los límites propios de la convivencia social, teniendo como foco la reinserción una vez finalizada su sanción o condena”.

Jóvenes madres y la reinserción

Otro tema complejo de abordar es la maternidad. Del total de jóvenes vigentes una de ellas se encuentra embarazada y otras dos son madres, dentro de las cuales una se encuentra privada de libertad, por lo que solo ve a su hija o hijo durante las visitas.

En relación a esto último, es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para el ejercicio del derecho de los niños y niñas a mantener relaciones personales, contacto directo y regular con sus madres, salvo que haya una resolución judicial que lo prohíba.

Finalmente, dentro de los centros privativos de libertad del Sename las adolescentes reciben un conjunto de garantías, tales como la continuación de estudios, aprendizaje de oficios, tratamiento de adicciones y el fortalecimiento del vínculo con la familia.

En cuanto a su acceso a la reinserción, durante los últimos años el servicio ha hecho un esfuerzo por la inclusión de un enfoque con perspectiva de género. Así, a las jóvenes se les ofrecen oportunidades de capacitación en áreas vinculadas a la cocina y peluquería, pero también en rubros como la construcción, formación técnica o emprendimiento.

La visibilización de las jóvenes en conflicto con la ley –y de las mujeres en general- es de vital importancia, con el fin de superar las desigualdades de género y favorecer sus procesos de reinserción social. Si no se abordan estas desigualdades que han contribuido a la participación de las mujeres en la delincuencia, se terminará perpetuando una conducta antisocial que se debe frenar lo más pronto posible.